¿Para que Sirve y que Hace un Diputado?

¿Para qué sirve, qué hace o qué debe hacer un diputado? es una pregunta que se encuentra en el centro de la teoría y la práctica democrática. Por ello, es esencial incorporar esta dimensión en cualquier intento de hacer y re-instalar la educación cívica en el ámbito escolar. En el marco del proyecto que estamos iniciando “PARLAMENTARIAS 2017” vamos a responder esta pregunta inicial.

Para responder estas preguntas hay que distinguir tres niveles: el de la teoría de la representación política, el de la legalidad constitucional y el de la acción política cotidiana de los profesionales de la política.

La representación política. En las democracias los representantes políticos de la comunidad son elegidos por un cuerpo de ciudadanos que cada cierto tiempo se convierten en electores. Por medio del acto electoral los ciudadanos eligen a quienes van a ocupar los cargos político-públicos del Estado, es decir, las posiciones de poder público que están en disputa cada cierto tiempo: unos serán diputados o senadores, otros consejeros regionales o concejales, algunos alcaldes.

La competencia democrática, por tanto, se organiza en torno a elegir a los ciudadanos que van a ocupar cargos de representación política durante un tiempo limitado. La elección, es un hecho político esencialmente democrático debido a que la democracia se funda en el acto de elegir a los representantes que van asumir posiciones de gobierno. De hecho, el requisito mínimo de toda democracia es la elección de los gobernantes. En las democracias se eligen gobernantes.

En las elecciones de noviembre próximo vamos elegir a los representantes del nuevo ciclo presidencial 2018-2022: diputados, senadores, consejeros regionales y presidente. En este contexto, un Diputado es un “representante” que “representa” los puntos de vista y los intereses de los ciudadanos y sus organizaciones.

Las democracias liberales se sostienen sobre la base del juego entre los representantes y los representados. La democracia liberal y representativa es el modelo de democracia dominante desde la revolución americana hacia fines del siglo XVIII. Surge, en consecuencia, una pregunta: ¿qué significa representar?

En la democracia representativa, el representante habla, decide, firma en nombre de su representado. Por medio del acto electoral –que reproduce esta forma de democracia- el ciudadano transfiere poder al representante para que este hable en su nombre. Es un acto de delegación por medio de cuál el ciudadano recibe un mandato para que lo represente en la esfera del gobierno y el Estado. En ese acto de transferencia de poder le da el poder total de actuar por él.

No podemos dejar de hacer la pregunta: ¿por qué el “representante” y el mandatario tiene más poder sobre el que le da ese poder?

La respuesta, se encuentra en el hecho de que en ese acto el ciudadano pierde soberanía al enajenar su capacidad de poder. De hecho, esta transferencia de soberanía desde el “representado” al “representante” implica, al mismo tiempo, una pulsión des-politizadora en el sentido de que el ciudadano enajena poder y se debilita en su capacidad soberana.

Pero, los que diseñaron el modelo representativo liberal -expresado de modo distinto según las  particularidades culturales y políticas de cada Estado o sociedad nacional-, no consideraron que la política no sólo transita por cauces institucionales, sino también la política es una lucha de dos caras que ocurre en la cotidianidad de los territorios y de los espacios desde los que se construye sociedad y organización: del hogar al trabajo y de la escuela a los espacios de ocio, pasando por las organizaciones comunitarias y locales.

Lo relevante, es que en esos espacios –y, potencialmente, en muchos otros- el ciudadano recupera su capacidad soberana y la posibilidad de construir proyecto individual, social y político.

Un Diputado es, por tanto, en primer lugar una figura institucional que cumple y realiza funciones políticas al interior del Estado. Es un cargo; un espacio vació que es ocupado de forma transitoria por un ciudadano elegido por otro ciudadano. Cada cierto tiempo y como parte del ritual político se eligen autoridades políticas que gozan de legitimidad para gobernar.

Surge una pregunta básica: ¿qué representa,  a quién representa?

En general, se puede afirmar que un representante representa intereses del más amplio abanico ya sean individuales y/o grupales, propios y/o colectivos.

La segunda dimensión, tiene que ver con la forma en que ese modelo se expresa constitucionalmente.  De hecho, la democracia representativa co existe con la regulación constitucional de la política: no hay democracia sin constitución.

La Constitución chilena actual define, en su artículo # 4 que “Chile es una república democrática” y en su artículo # 5 que “la soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también por las autoridades que esta Constitución establece”.

En esos dos artículos entendidos como “bases de la institucionalidad” están los conceptos e ideas centrales de la teoría y de la acción política moderna: república, democracia, elecciones, soberanía, pueblo, nación, autoridad. En rigor, de ellos, el único esencialmente moderno es el de nación y en menor medida el de democracia. El ADN  de la democracia representativa, sus potencialidades y sus limitaciones, hay que buscarlos en esas ideas para repensarlas y superarlas. La crisis de la democracia, demanda ese esfuerzo.

Volvamos. Entre esas autoridades se encuentran los parlamentarios: los diputados y los senadores. Alcaldes, concejales y consejeros regionales también forman parte de este staff de profesionales de la política que compite por posiciones y recursos de poder al interior del Estado y de la Sociedad. Su rol constitucional lo encontramos en la Constitución, en las leyes orgánicas respectivas y en el reglamento del Congreso.

La Constitución dice en el artículo # 13 que para poder elegir –ser elector- y poder ser elegido –candidato potencial- en algún cargo de “elección popular” hay que ser ciudadano.; es decir, hay que ser chileno, tener más de 18 años y no estar condenado por pena aflictiva y por conducta terrorista.

El acto electoral sobre el que se funda la democracia encuentra origen constitucional en el artículo # 18 que establece que habrá “un sistema electoral público” regulado por una ley orgánica constitucional que no sólo regulara el proceso electoral, sino también su “financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral”.

Las reglas básicas del juego democrático se encuentran en el capítulo # 3, sobre “derechos y deberes constitucionales”. Gobierno y Congreso son los capítulos siguientes. En el capítulo # 5 se establece que Diputados y Senadores “concurren a la formación de las leyes… y demás atribuciones” que la Constitución establece.

En artículo # 47 establece que los diputados serán elegidos “por votación directa” y una ley orgánica regulara el número de diputados, los distritos electorales, la forma de su elección y que se renovaran cada cuatro años, sin poner límites a su reelección.

La respuesta al ¿qué hacen desde el punto de vista institucional? la encontramos en el artículo # 52 que establece a) la “atribución exclusiva… para fiscalizar los actos del gobierno” y b) la facultad de dar luz verde o no a las acusaciones constitucionales. Hay que agregar, como atribución compartida su rol de co-legislador al “concurrir” a la “formación de las leyes”.

En rigor, no es mucho –al menos, aparentemente- lo que se puede hacer desde el parlamento, sobre todo, cuando se concurre de manera tan desigual a la esfera del gobierno en el contexto de una “monarquía presidencial” en términos de concentración de poder y de sucesión y reproducción.

Esta debilidades político-institucional se diluye cuando se hace política de modo colectivo y se pone por delante el proyecto –es decir, el “todos dependemos de todos”- y se ocupa el rol institucional para operar no sólo al interior del Estado, sino también en y desde la sociedad civil en el perspectiva de construir proyecto político. Aparece, en consecuencia, la tercera dimensión.

La tercera dimensión que identificamos para responder la pregunta inicial tiene que ver con la acción política –y de poder, propiamente tal- que ejecuta el que asume el rol de representante y de liderazgo político. De hecho, la acción política y le mediación que realiza un “representante” le da vida a la figura institucional que asume en su calidad de diputado que está definida en la teoría de la representación política y en la constitución.

La acción política y social del Diputado es el resultado, por tanto, de la articulación estratégica entre las posibilidades que abre la institucionalidad y la acción política concreta que cada ciudadano aplica y opera cuando logra “ganar” un cargo político-público. Aquí, sin duda, radica el poder real del representante: del diputado.

Un diputado dispone de recurso públicos para su operación y gestión política. Articula y moviliza recursos privados y públicos para hacer política y posicionarse al interior de una competencia permanente por cargos públicos. La competencia es inherente a la política democrática.

En este plano, los diputados –una de las posibilidades de la representación- son los encargados de convertir la demanda social en oferta política; de transformar los problemas de la comunidad o los intereses de las particularidades en problema político. Los representantes en las democracias son las correas de transmisión que vinculan pueblo con representación. Al menos, así funciona o debe funcionar, el modelo de la democracia clásica.

Operan, en consecuencia, en dos planos: en el de la política y en el de intermediación entre Estado y sociedad civil. No es casualidad, por tanto, que veamos a los representantes involucrados e imbricados con las comunidad y sus organizaciones de modo permanente. Juntas de vecinos, club de adultos mayores, clubes deportivos y otro tipo de organizaciones funcionales son parte del cotidiano de muchos políticos y representantes: “tengo que atender a mi gente”, se escucha resonar en los pasillos del poder. Lo que se teje, en definitiva, es una red de relaciones entre “representantes” políticos y sociales.

Del mismo modo, se vinculan con organizaciones gremiales, de trabajadores, de estudiantes, movimientos sociales, etc. como una manera también de articular y mediar políticamente y “representar” intereses en el espacio público con el fin de instalarlos en la agenda pública de la política.

Ese vínculo original y fundacional entre “representante” y “representado” genera las bases para una práctica poco estudiada, vulgarizada y denostada: el clientelismo. Las relaciones clientelares son propias de la democracia que conocemos; al menos, en la forma cómo funciona hoy.

Una de las principales señales de esta modalidad de operación y reproducción política es que dan cuenta de una relación de poder desigual construida a base del intercambio no sólo de votos por favores –desde la “cajita feliz” al cargo-, sino también fuertemente imbricada en la cultura y en los afectos. Sólo planteó la pregunta: ¿es posible una democracia sin relaciones clientelares?

Volvamos a la pregunta inicial: ¿para qué sirve y que hace un diputado?

Hemos intentado una respuesta que identifica tres momentos: el de la representación, el constitucional y el político. En definitiva, un diputado es un ciudadano que por medio de una competencia gana y obtiene un cargo político-público al interior de la institucionalidad política. Ese cargo, lo habilita para participar con voz y voto en la asamblea nacional, si se quiere, parlamento o Congreso.

En ese lugar, junto al gobierno, se define el tipo de sociedad que se va imponer. Al menos, se instalan desde la política los pilares del orden político: ¿será capaz la democracia de transformar el orden neoliberal en un orden de derechos garantizados?; ¿será capaz la democracia de superarse a sí misma?; ¿es la democracia, el espacio adecuado para transformar el orden social?; ¿es el parlamento un lugar donde hay soberanía?

El nuevo ciclo político se instala cada vez con más fuerzas. Son muchas las señales que muestran que cada vez estamos más cerca de una nueva fase política. Durante estos años el modelo político post dictadura profundizó su descomposición. Los casos de corrupción política –expresión del maridaje entre política y capital-, el posicionamiento político del Frente Amplio, la crisis “terminal” de la Nueva Mayoría, la derrota de Lagos, la fuerte presencia de nuevas generaciones, el reordenamiento de la derecha y el sistema electoral proporcional, son señales que muestran que avanzamos a una nueva fase política. En rigor, cada día nuestro contexto político es más nuevo que viejo.

En este escenario, la relación “representante” y “representado” que es la esencia del juego de la democracia representativa y liberal, también está en una coyuntura de cambio y de ajuste.

Por, Alejandro González Llaguno